Echar de casa a mi hijo mayor de edad

Echar de casa a mi hijo mayor de edad

En ocasiones en España, puede surgir la necesidad de que un hijo adulto deje el hogar, generalmente debido a problemas de convivencia. Es esencial comprender los procedimientos legales necesarios para llevar a cabo este proceso de manera correcta y evitar acciones ilegales.

A continuación, examinaremos los diversos aspectos y requisitos que deben cumplirse para expulsar legalmente a un hijo del hogar, teniendo en cuenta tanto la legislación vigente como las consideraciones que pueden afectar este delicado proceso.

¿Puedo echar a mi hijo mayor de edad de casa?

Es crucial comenzar con el artículo 149 del Código Civil, que especifica las formas de cumplir con la obligación de proporcionar alimentos entre parientes: «El obligado a prestar alimentos podrá, a su elección, satisfacerlos, o pagando la pensión que se fije, o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos. Esta elección no será posible en cuanto contradiga la situación de convivencia determinada por las normas aplicables o por resolución judicial. También podrá ser rechazada cuando concurra justa causa o perjudique el interés del alimentista menor de edad».

De este artículo se derivan tres conclusiones fundamentales:

-Primero, se establece la obligación de proporcionar alimentos entre parientes, pero no necesariamente la responsabilidad de alojar a esos parientes en la vivienda del proveedor de alimentos. Esta norma aplica a todas las personas, incluidos los hijos.

-Segundo, el proveedor de alimentos tiene la autoridad para determinar cómo cumplir con esta obligación, ya sea mediante el pago de una pensión alimenticia o brindando alojamiento al beneficiario en su hogar. Esta decisión recae exclusivamente en el proveedor de alimentos y no en el receptor.

-Tercero, estas reglas no son aplicables cuando los hijos son menores de edad, ya que en estos casos, el interés superior del menor prevalece y sería inadecuado dejarlos sin hogar.

En consecuencia, una vez que los hijos alcanzan la mayoría de edad, los padres ya no tienen la obligación legal de mantenerlos en su residencia. No obstante, estos hijos tienen derecho a reclamar una pensión alimenticia a sus progenitores.

Desahucio por precario 

Para desalojar legalmente a un hijo mayor de edad de la vivienda familiar, de acuerdo con el Código Civil español, es necesario seguir un procedimiento específico establecido por la ley. El primer paso consiste en comunicar de forma fehaciente por escrito la voluntad de los padres de que el hijo abandone el hogar.

En caso de que el hijo se niegue a dejar la vivienda después de recibir esta comunicación, los padres pueden iniciar un proceso judicial de desahucio por precario. Esto implica presentar una demanda ante el juez, quien examinará las circunstancias y determinará si procede el desalojo.

Es crucial durante el proceso judicial contar con evidencia de la comunicación escrita y de la negativa del hijo a abandonar la vivienda. Asimismo, se recomienda buscar asesoramiento legal para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales.

Requisitos para un desahucio por precario

Una vez que el hijo alcanza la mayoría de edad, se puede considerar la opción de emprender una acción judicial de desahucio por precario para removerlo de la vivienda.

Es importante tener en cuenta que no se puede desalojar al hijo de la vivienda, retirando sus pertenencias y cambiando la cerradura, ya que esto podría resultar en implicaciones legales por coacciones. Hasta que el juez no ordene el desahucio del hijo de la vivienda, éste seguirá manteniendo su domicilio habitual en ella.

La jurisprudencia define el precario como una situación de hecho que implica la utilización gratuita de una vivienda u otro bien ajeno, cuya propiedad no corresponde a la persona que está en posesión de ella. Los jueces consideran que la relación de parentesco paterno-filial no excluye la aplicación de la figura jurídica del precario, siempre y cuando se cumplan los requisitos necesarios para su validez.

Uno de los principales requisitos es que los padres puedan demostrar su legitimidad para ejercer el desahucio por precario a través de un título de propiedad. Además, si el hijo no presenta un título que justifique su posesión del piso (como un contrato de alquiler, comodato o derecho de habitación), los tribunales generalmente proceden a ordenar su desalojo del lugar ocupado.

Cómo echar a mi hijo mayor de edad de casa

El proceso de desahucio por precario comienza con la solicitud formal de desalojo de la vivienda al ocupante, la cual debe realizarse de manera fehaciente, por ejemplo, a través de un burofax. Si los intentos de negociación o mediación resultan infructuosos, se procede con la presentación de una demanda judicial.

En dicha demanda, se debe acreditar la titularidad del inmueble por parte del demandante y la carencia de un título legítimo por parte del ocupante. En caso de que el ocupante no pueda demostrar un título de legitimidad, el tribunal puede emitir una orden judicial para la devolución inmediata de la posesión del inmueble al demandante.

Posteriormente, se fija una fecha para el desalojo forzoso en caso de que el ocupante no abandone la vivienda de manera voluntaria. En esta etapa, el órgano judicial puede notificar a los servicios públicos pertinentes para tomar medidas de protección si se considera necesario.

El proceso llega a su conclusión con el desalojo, que puede ser tanto voluntario como forzoso mediante un lanzamiento, con la intervención de las autoridades correspondientes para garantizar la efectiva entrega de la posesión de la vivienda al demandante.

¿Se puede aplicar la figura del comodato?

 El comodato es un acuerdo de préstamo de uso mediante el cual una parte (comodante) entrega gratuitamente a la otra (comodatario) un bien no fungible, como una vivienda, para su utilización durante un período determinado.

Para que el comodato sea válido, debe estar documentado en un contrato que identifique claramente el bien prestado, ser unilateral en su otorgamiento, gratuito y de mera tenencia, ya que el comodatario es consciente de que no adquiere propiedad sobre el bien prestado.

El propietario tiene el derecho de reclamar la vivienda una vez finalizado el período acordado para su uso. Sin embargo, si el contrato no especifica la duración o el propósito del comodato, el propietario puede reclamar la vivienda en cualquier momento.

Cuando los padres ceden verbalmente el uso de una vivienda como residencia familiar a su hijo, los tribunales suelen descartar la existencia de un comodato y aplican la situación de precario. En este caso, los progenitores pueden recuperar la vivienda una vez que concluya la voluntad de quien cedió el uso.

Aunque los descendientes presenten documentos de empadronamiento durante el juicio para respaldar su uso de la vivienda, la situación sigue siendo considerada precario y no comodato, lo que puede conducir al desahucio.

Qué pasa si los hijos mayores de edad no tienen medios de subsistencia

Cuando los hijos son menores de edad, los padres tienen la responsabilidad de satisfacer sus necesidades básicas, incluyendo la provisión de vivienda. Sin embargo, al alcanzar la mayoría de edad, esta obligación se flexibiliza. Según Alejandro Vilar, socio director de AVF Abogados, una vez que los hijos son adultos, «esta responsabilidad deja de ser tan estricta y, aunque no sean independientes, puede cumplirse de diversas maneras, sin necesidad de mantener la convivencia en el mismo hogar».

Los padres no pueden simplemente desentenderse de sus hijos adultos, ya que estos podrían solicitar una pensión alimenticia a ambos progenitores. Si los hijos adultos consideran que tienen derecho a recibir alimentos y alojamiento por parte de sus padres, pueden demandarlos en un procedimiento de derecho de familia.

Sin embargo, para que esta demanda sea admitida, los jueces requieren que los hijos demuestren previamente que «no tienen la capacidad de sostenerse por sí mismos». Además, no pueden obligar a los padres a mantener una convivencia no deseada, ya que no están legalmente obligados a ello ni por ley ni por resolución judicial.

Aunque el artículo 142 del Código Civil establece que el derecho de alimentos incluye la provisión de habitación para los hijos, los tribunales reconocen que los padres no están obligados a «proporcionar los alimentos manteniéndolos necesariamente en su casa»; pueden proporcionarlos de la manera que consideren adecuada.

Consecuencias de echar a mi hijo de casa 

Si un padre opta por expulsar a su hijo de casa cambiando las cerraduras o negándole acceso a suministros básicos, debe ser consciente de que podría estar cometiendo un delito penal de coacción. Este tipo de acciones no solo pueden tener implicaciones legales graves, sino que también pueden causar un daño emocional significativo en la relación entre padres e hijos, así como en la estabilidad del hijo afectado.

Es esencial recordar que, según el Código Civil, existe una obligación legal de proporcionar alimentos entre parientes. Esta obligación no se disuelve cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad. Los padres continúan teniendo la responsabilidad de asegurar el bienestar de sus hijos hasta que estos sean económicamente independientes. Por lo tanto, incluso si el hijo mayor de edad o emancipado decide vivir fuera del hogar familiar, el padre sigue estando obligado a contribuir financieramente a su manutención mediante el pago de una pensión alimenticia.

En resumen, los padres deben abordar las disputas familiares de manera legal y respetuosa, garantizando siempre el bienestar y los derechos de sus hijos, incluso cuando ya no viven bajo el mismo techo.

Echar de casa a hijos emancipados

La emancipación de un hijo implica que adquiere la capacidad legal para obrar como un adulto esto puede ser a partir de los 16 años, lo que incluye el manejo de sus propios asuntos y la capacidad para tomar decisiones independientes. 

Incluso después de la emancipación, los padres todavía tienen la obligación legal de proporcionar alimentos a sus hijos hasta que alcancen la independencia económica. Esto significa que, aunque un hijo esté emancipado, los padres aún podrían tener que pagar una pensión alimenticia si el hijo lo solicita y demuestra que no puede mantenerse por sí mismo.

En cuanto a la posibilidad de «echar» a un hijo emancipado de casa, generalmente no es tan simple como cambiar la cerradura y desalojarlo. Incluso si el hijo ya no vive en el hogar familiar, los padres pueden tener ciertas responsabilidades legales hacia él, especialmente en lo que respecta a su bienestar económico y social.

En casos extremos donde existan conflictos graves y continuos, podría ser necesario buscar orientación legal para abordar la situación de manera adecuada y respetuosa con los derechos de ambas partes.

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